Curacaví no puede acostumbrarse al riesgo en sus calles y caminos. Perder a un ser querido en un siniestro de tránsito no es solo una estadística: es una tragedia que cambia familias completas para siempre. Detrás de cada atropello, colisión o accidente fatal quedan padres, hijos, amigos y comunidades marcadas por un dolor profundo e irreparable.
Sin embargo, muchas veces estos hechos terminan siendo tratados como situaciones inevitables, casi normales. Y ahí está el problema: una sociedad que normaliza la violencia vial comienza lentamente a perder sensibilidad frente a la vida humana.
Según la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito 2021-2030, cada año mueren en el mundo 1,35 millones de personas en siniestros viales. Eso significa que cada 24 segundos una persona fallece en calles o carreteras. Entre 20 y 50 millones más sufren lesiones, muchas de ellas permanentes. En Chile, además, los siniestros de tránsito se encuentran entre las principales causas de muerte en niños y jóvenes.
La seguridad vial no es solamente un conjunto de normas de tránsito. Es una responsabilidad colectiva y una obligación ética. Cada conductor, peatón, ciclista y autoridad toma decisiones que pueden salvar vidas o ponerlas en peligro.
En nuestro país, gran parte de los accidentes responde a conductas evitables: exceso de velocidad, conducción distraída por el uso del celular, consumo de alcohol o drogas, imprudencia peatonal y falta de respeto a la señalización. Pero también existe otra responsabilidad que muchas veces se omite: la del Estado y las autoridades locales.
Un paso peatonal borrado, una calle mal iluminada, una señalética deficiente o un entorno escolar inseguro no son detalles menores, son hechos en que el municipio debe accionar preventivamente y no sólo reaccionar, porque son factores de riesgo reales. Cuando no existe mantención adecuada, planificación urbana segura ni fiscalización efectiva, la posibilidad de una tragedia aumenta.
En comunas como Curacaví, donde conviven zonas urbanas, rurales y tránsito interurbano de alta velocidad, el problema adquiere una dimensión aún más delicada. La convivencia entre peatones, escolares, ciclistas, vehículos particulares y transporte pesado requiere medidas concretas, permanentes y coordinadas.
Las cifras muestran una realidad preocupante. De acuerdo con datos de CONASET, durante el año 2023 Curacaví registró 131 siniestros de tránsito, con 5 personas fallecidas y 143 lesionados. De estos últimos, 27 fueron lesionados graves, 24 menos graves y 92 leves.
Durante el año 2024 la comuna de Curacaví registró:146 siniestros de tránsito, 7 personas fallecidas, 176 personas lesionadas. Del total de lesionados: 23 lesionados graves, 24 menos graves y 129 leves.
Esto representa un aumento respecto al año 2023, cuando Curacaví había registrado 131 siniestros y 5 fallecidos. No son números fríos: son personas, familias y vidas afectadas. (informe comunal de Curacaví 2023 y 2024).
Por eso resulta fundamental avanzar hacia una verdadera cultura de prevención. La educación vial debe comenzar desde la infancia y transformarse en una tarea compartida entre el Estado, Municipios, las escuelas, las familias y la comunidad. Un niño que aprende a respetar un paso peatonal probablemente será un adulto más consciente al conducir.
Pero educar no basta si no existe voluntad institucional. La seguridad vial requiere autoridades comprometidas, municipios activos y políticas públicas eficientes. Se necesitan campañas permanentes, mejor infraestructura, señalización visible, cruces seguros, reducción de velocidad en zonas urbanas y una fiscalización constante.
En este sentido, la filosofía de “Visión Cero”, impulsada por CONASET, plantea un principio fundamental: ninguna muerte en el tránsito debería considerarse aceptable. La vida humana debe estar por encima de la rapidez, la comodidad o la productividad.
Los municipios tienen un rol clave en esta tarea. A través de sus Direcciones de Tránsito, Consejos Comunales de Seguridad Pública y coordinación con la SEREMI de Transportes y CONASET, pueden impulsar diagnósticos, intervenir puntos críticos y desarrollar estrategias preventivas reales. No se trata solo de reaccionar después de una tragedia, sino de evitar que ocurra.
La seguridad vial no puede seguir siendo un tema secundario dentro de la agenda pública. Cada señalética mal mantenida, cada paso peatonal casi invisible y cada exceso de velocidad tolerado puede terminar costando una vida. Porque llegar cinco minutos antes jamás será más importante que volver a casa con seguridad.
Hoy más que nunca, Curacaví necesita que sus autoridades, instituciones y comunidad comprendan que la Seguridad Vial no es un favor ni una campaña comunicacional: es una obligación moral y una prioridad urgente, que puede generar responsabilidad penal y/o civil en contra del conductor infractor, y responsabilidad civil por falta de servicio en contra de los municipios.
