Las últimas semanas dejó en evidencia una realidad que preocupa profundamente a Curacaví. En distintos establecimientos educacionales circularon mensajes que advertían posibles tiroteos, generando temor en estudiantes, apoderados y docentes. A esto se sumaron hechos de violencia física al interior de algunos colegios, confirmando que no estamos frente a situaciones aisladas, sino ante un problema estructural que viene escalando silenciosamente.
Lo ocurrido no es casual. Es el resultado de una combinación peligrosa: debilitamiento de la autoridad, falta de herramientas efectivas, influencia de redes sociales que normalizan la violencia y una evidente descoordinación entre instituciones responsables. Cuando amenazas de esta gravedad no tienen consecuencias claras ni responsables identificados, el mensaje que se instala es grave: la impunidad se vuelve parte del sistema.
Pero aquí hay algo aún más delicado. Desde el punto de vista jurídico, la seguridad de los estudiantes no es opcional. Es una obligación. El Estado, los sostenedores y las autoridades educativas tienen el deber de garantizar condiciones mínimas de resguardo para el ejercicio del derecho a la educación. Cuando esto falla, no solo hay un problema de gestión: hay responsabilidades que deben asumirse.
Existen herramientas legales, como la Ley Aula Segura, Ley N° 21.128 — que permiten actuar frente a hechos graves de violencia. El problema no es la falta de normas, sino la falta de decisión para aplicarlas. La inacción, la demora o el temor a ejercer autoridad terminan dejando a las comunidades educativas expuestas y desprotegidas.
Desde el ámbito político, la situación exige algo que hoy parece ausente: liderazgo. No basta con condenar los hechos ni con emitir comunicados. Se requiere una señal clara de que la seguridad en los colegios es prioridad. Eso implica respaldar a los docentes, fortalecer los protocolos, coordinar a las instituciones y, sobre todo, actuar con firmeza frente a quienes amenazan o ejercen violencia.
Curacaví está frente a un punto de inflexión. Seguir relativizando estas señales puede tener consecuencias graves. La prevención no puede seguir siendo un discurso; debe transformarse en acción concreta.
La comunidad educativa no puede seguir esperando. Padres, apoderados, profesores y estudiantes necesitan certezas, no explicaciones. La seguridad en los colegios debe volver a ser una condición básica, no una aspiración. Si no se actúa hoy con decisión, mañana será tarde.
