El brutal crimen ocurrido en la madrugada del día lunes 13 de abril de los corrientes, en la Cuesta Zapata, en Curacaví, no puede ni debe ser tratado como un hecho policial más. Un cuerpo calcinado, maniatado y decapitado no solo conmociona: interpela. Nos obliga a preguntarnos en qué momento comenzamos a normalizar niveles de violencia que, hasta hace pocos años, parecían lejanos a nuestra realidad.
Porque este no es un delito común. Es un crimen que revela planificación, intención de ocultamiento y, probablemente, un mensaje. Y cuando un homicidio tiene esas características, ya no hablamos solo de delincuencia: hablamos de fenómenos que se acercan peligrosamente al crimen organizado o, al menos, a formas más sofisticadas y violentas de operar. Y lo más relevante: comienzan a aparecer con mayor frecuencia delitoscon características distintas-más violentos, más organizados y más difíciles de investigar-. Casos como el de Curacaví no son estadísticamente masivos, pero sin son profundamente simbólicos.
Lo más inquietante es el lugar. Curacaví —zona rural, tranquila, históricamente ajena a este tipo de hechos— aparece ahora como escenario. Esto no es casual. Las bandas criminales buscan espacios donde la presencia del Estado es menor, donde el control es más débil y donde pueden operar con mayor impunidad. Las rutas interurbanas, los sectores aislados y las comunas rurales están comenzando a cumplir ese rol.
Aquí es donde el análisis debe ser honesto. Durante años, Chile se sostuvo en la idea de que su problema era la delincuencia común: robos, hurtos, violencia ocasional. Pero los hechos recientes muestran un cambio cualitativo. No necesariamente hay muchos más delitos en términos absolutos, pero sí hay delitos más violentos, más organizados y más desafiantes para el Estado. Chile enfrenta una criminalidad que muta, que se adapta y que comienza a ocupar territorios donde antes no estaba.
Y frente a eso, la reacción ha sido, en demasiadas ocasiones, insuficiente. El combate a este tipo de criminalidad no se resuelve solo con más patrullajes o con declaraciones de condena. Requiere: inteligencia, coordinación y decisión política. Requiere fortalecer el trabajo especializado de instituciones como la Policía de Investigaciones de Chile, mejorar la capacidad de persecución penal y, sobre todo, recuperar el control efectivo del territorio.
El recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública de Chile tiene aquí su primera gran prueba. No basta con existir: debe demostrar que es capaz de anticiparce a fenómenos que evolucionan rápidamente y que ya están cambiando la cara del delito en el país, además, articular una respuesta firme, rápida y coherente frente a fenómenos delictivos.
Pero también hay una dimensión política que no puede eludirse. Cuando el Estado duda, el crimen avanza. Cuando la señal es ambigua, la impunidad crece. Y cuando la autoridad no se ejerce con claridad, quienes operan fuera de la ley ocupan ese espacio.
Lo ocurrido en Curacaví debe ser un punto de inflexión. No por el impacto mediático del caso, sino por lo que representa: un cambio en la naturaleza de la amenaza. Chile aún está a tiempo de contener este fenómeno, pero para hacerlo necesita asumir que el problema ya no es el mismo de antes.
No se trata de alarmismo. Se trata de realismo. La seguridad no es solo un derecho: es la base sobre la cual se construye la libertad, la convivencia y la vida en comunidad. Y cuando esa base se debilita, todo lo demás comienza a resquebrajarse.
Curacaví no puede transformarse en una señal de resignación. Debe ser una señal de reacción.
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