Los recientes hechos ocurridos durante controles vehiculares vuelven a abrir un debate necesario sobre el rol y las condiciones en que trabajan los inspectores municipales en Chile. Ninguna circunstancia puede justificar atropellar a una persona y abandonar el lugar de los hechos. Sin embargo, también es importante analizar con responsabilidad: ¿Cómo se están desarrollando estos procedimientos y qué herramientas reales poseen los funcionarios municipales para enfrentarlos? ¿Existe colaboración y capacitación por Carabineros? Veamos.
La legislación chilena reconoce facultades de fiscalización a los municipios. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N° 18.290 de Tránsito permiten a los inspectores municipales colaborar en labores de control vehicular, cursar infracciones y apoyar acciones preventivas relacionadas con el tránsito y la seguridad vial. No obstante, estos funcionarios no son policías y muchas veces deben enfrentar situaciones de alto riesgo sin contar con la capacitación, protocolos ni equipamiento adecuado.
La propia Contraloría General de la República ha insistido en que las labores de seguridad municipal deben desarrollarse dentro de un marco de coordinación con Carabineros y sin exceder atribuciones propias de las policías. Así quedó establecido en el Dictamen N° 15.919 de 2017, donde se determinó que las municipalidades no pueden ni deben asumir funciones exclusivas de Carabineros y la PDI.
Del mismo modo, el Dictamen N° E161091 de 2021, reiteró que cualquier acción municipal en materias de seguridad e inspección debe desarrollarse coordinadamente con los organismos policiales competentes y dentro de protocolos adecuados. A ello se suma el Dictamen N° E160316/2021, que señala que las municipalidades deben ejercer sus funciones dentro de sus competencias legales y adoptar medidas necesarias para el correcto desempeño de las labores de seguridad e inspección municipal.
Estos pronunciamientos no solo delimitan atribuciones. También dejan en evidencia una necesidad urgente: la profesionalización de la fiscalización municipal. Hoy muchos inspectores municipales enfrentan controles vehiculares complejos sin preparación suficiente en manejo de situaciones de crisis, control preventivo, seguridad vial, procedimientos de riesgo o reacción ante conductores agresivos. En varios casos, además, trabajan sin elementos adecuados de protección personal, sin sistemas eficientes de comunicación y sin protocolos claros de actuación.
La seguridad vial no puede improvisarse
Aunque no existe una estadística nacional consolidada sobre inspectores municipales atropellados durante fiscalizaciones de tránsito, los casos ocurridos en comunas como Curacaví, Lo Barnechea y San Miguel durante 2025 y 2026 muestran una realidad preocupante: funcionarios lesionados por conductores que intentan evadir controles vehiculares. Estos hechos reflejan el nivel de exposición y vulnerabilidad al que están sometidos quienes cumplen labores de fiscalizaciones preventivas en terreno.
En la práctica, los principios de seguridad vial exigen que el inspector: se ubique en un lugar visible sin exponerse directamente a la trayectoria del vehículo; utilice elementos reflectantes y señalización; mantenga distancia de seguridad y realice controles en zonas previamente habilitadas o seguras.Nunca está demás laexperiencia y capacitación que puede brindar Carabineros.
Por lo mismo, resulta indispensable avanzar hacia programas permanentes de capacitación para inspectores municipales en materias como: fiscalización vehicular segura, manejo defensivo, control de riesgos, primeros auxilios, normativa de tránsito, coordinación operativa con Carabineros, y protocolos de actuación frente a situaciones violentas.
Asimismo, los municipios deben proveer de indumentaria ad hoc, visible y certificada, chalecos reflectantes de alta seguridad, cámaras corporales, sistemas de radiocomunicaciones y señalización preventiva adecuada para realizar controles en la vía pública.
Además, el deber de protección del empleador establecido en el Código del Trabajo y en la Ley N° 16.744 obliga a las municipalidades a reducir riesgos laborales previsibles. Esto significa que no deberían exponerse funcionarios sin capacitación, señalización ni medidas de resguardo adecuadas.
Por otro lado, la prevención no puede descansar únicamente en la reacción frente a los hechos. También existe una responsabilidad municipal en promover campañas educativas para la comunidad sobre respeto a las normas del tránsito, conducción responsable y deber de obedecer controles fiscalizadores que efectúan inspectores municipales.
La educación vial sigue siendo una deuda pendiente en muchas comunas y es fundamental para evitar tragedias. Las acciones fiscalizadoras deben ir acompañadas de planificación, campañas preventivas y coordinación permanente con Carabineros. No se trata solo de aumentar controles, sino de realizarlos de manera profesional, segura y dentro de un marco institucional claro.
La seguridad vial no puede improvisarse. Requiere autoridades comprometidas, funcionarios preparados y una comunidad consciente de que detrás de cada atropello hay vidas humanas que podrían haberse protegido.
