En los últimos años, Chile ha experimentado un aumento visible de personas en situación de calle y asentamientos precarios conocidos popularmente como “rucos”. Esta realidad, que antes parecía concentrarse únicamente en grandes ciudades, hoy también comienza a hacerse presente en comunas más pequeñas y semirurales como Curacaví.
Plazas, paraderos, bandejones, sectores eriazos y espacios públicos han comenzado a transformarse en lugares de permanencia para personas que viven bajo condiciones extremas de vulnerabilidad. Detrás de cada ruco existe generalmente una historia marcada por desempleo, quiebres familiares, consumo problemático de drogas o alcohol, enfermedades mentales, abandono y exclusión social.
Curacaví no está ajeno a este fenómeno. Vecinos han manifestado preocupación por la instalación progresiva de rucos en distintos sectores de la comuna, especialmente en lugares de alto tránsito o cercanos a viviendas. La inquietud no solo se relaciona con la ocupación del espacio público, sino también con situaciones de inseguridad, acumulación de basura, deterioro ambiental e incivilidades que muchas veces acompañan estas condiciones.
Sin embargo, reducir el problema únicamente a un asunto de “desalojo” sería un error. La experiencia en distintas comunas del país demuestra que retirar rucos sin intervención social solo desplaza el problema hacia otro lugar. El fenómeno vuelve a repetirse porque las causas profundas permanecen intactas.
Frente a esta realidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cumple un rol fundamental a través de distintos programas dirigidos a personas en situación de calle. Entre ellos destacan las rutas sociales y médicas, los albergues de invierno, centros temporales de acogida y programas de acompañamiento psicosocial que buscan ofrecer alimentación, higiene, atención de salud y orientación para la reinserción social.
Además, el ministerio desarrolla el denominado “Plan Protege Calle”, especialmente durante períodos de bajas temperaturas, con el objetivo de evitar fallecimientos y entregar asistencia básica a quienes viven en la vía pública. También trabaja mediante convenios con municipios y organizaciones sociales que ejecutan programas de apoyo territorial.
No obstante, muchas veces estos esfuerzos resultan insuficientes frente al crecimiento sostenido del problema. Diversos municipios del país han señalado que carecen de herramientas legales, recursos económicos y personal especializado para abordar situaciones complejas relacionadas con salud mental severa, consumo problemático y negativa de algunas personas a recibir ayuda institucional.
En Curacaví, el desafío es aún más complejo debido a las limitaciones presupuestarias y operativas propias de una comuna intermedia. La comunidad exige mayor seguridad y recuperación de espacios públicos, pero también resulta evidente la necesidad de contar con apoyo estatal permanente y coordinado.
La situación obliga además a abrir una conversación seria sobre el rol del Estado y sus límites. ¿Qué ocurre cuando una persona rechaza asistencia? ¿Qué facultades tienen los municipios frente a la ocupación permanente de espacios públicos? ¿Cómo se compatibiliza el respeto a la dignidad humana con el derecho de los vecinos a vivir en entornos seguros y ordenados?
Las respuestas no son simples. Lo que sí parece claro es que Curacaví ya no puede mirar este fenómeno como algo lejano o pasajero. La presencia de rucos y personas viviendo en la vía pública, bajo un puente, a orillas del estero Puangue y cerros cercanos a viviendas, además, conviviendo con inmigrantes en situación irregular, refleja una fractura social que lentamente comienza a instalarse también en comunas que históricamente habían estado alejadas de este tipo de problemáticas urbanas.
Ignorarla solo aumentará la sensación de abandono, inseguridad y deterioro comunitario. En cambio, enfrentarla con responsabilidad implica coordinar seguridad pública, salud mental, asistencia social, recuperación de espacios públicos y participación comunitaria, entendiendo que detrás de cada ruco existe una persona vulnerable, pero también una comunidad que necesita respuestas concretas, humanas y sostenibles.
